Imbroda exige al Gobierno que el fondo de contingencia llegue también a los colegios concertados

"Todos son nuestros alumnos". Con estas palabras el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, se ha referido a la intención de la Junta de Andalucía de que el fondo de contingencia que el Gobierno central destinará a la enseñanza llegue también a los centros concertados. Esta partida, que a nivel nacional es de 2.000 millones de euros, se empleará en la ampliación de la plantilla docente con personal de apoyo y en la digitalización de las aulas ante un posible rebrote de coronavirus.

Se trata de una de las exigencias expuestas este jueves en la conferencia sectorial que el Ministerio de Educación ha mantenido con las autonomías para acordar el inicio del próximo curso, que estará marcado por la nueva normalidad a consecuencia de la pandemia del Covid-19. En dicho encuentro, Imbroda ha expresado el deseo de que "todos los centros sostenidos con fondos públicos" se conviertan en beneficiaros de las ayudas, de las que, según cálculos del Ejecutivo regional, a Andalucía le corresponderían 372 millones.

Debe tenerse en cuenta que el Gobierno, tras varios cambios de criterio, ha decidido que la partida destinada a Educación que reciba cada comunidad equivalga al número de alumnos de 0 a 16 años que estén escolarizados en centros de titularidad pública, por lo que, por ahora, excluye a la enseñanza concertada. El cálculo realizado por la Junta se atiene a este principio, es decir, está realizado en función del millón y medio de alumnos matriculados en colegios e institutos totalmente públicos.

330.000 alumnos en la concertada

Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera luz verde a la petición de Imbroda, habría que sumarle los 330.000 estudiantes de la concertada. Este incremento, no obstante, resulta mucho más reducido que el que se aplicaría -de salir adelante la propuesta- en otras comunidades, como el País Vasco, donde el porcentaje de los centros concertados en el sistema de enseñanza sostenido con fondos públicos es del 50%, mientras que en Andalucía sólo suponen el 20% frente a un hegemónico 80% de los de titularidad pública.

Por tanto, de acceder a dicha petición, otras comunidades con mayor peso de la concertada verían incrementadas sus ayudas mucho más que Andalucía, donde esta subida resultaría insignificante en comparación con la que se experimentaría en el País Vasco, donde prácticamente se duplicaría. La Junta ya aclaró que esta partida servirá para mejorar la dotación tecnológica de los centros y aumentar la plantilla docente con maestros y profesores de apoyo, como medida de adaptación a la nueva normalidad que ha traído la pandemia.

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que la conferencia sectorial de este jueves ha acabado con un acuerdo entre el Estado con la mayoría de las autonomías de cara al próximo curso escolar. Sólo Madrid y el País Vasco se han salido del pacto. El consejero andaluz de Educación ha argumentado la adhesión de Andalucía al tener en cuenta el Ministerio de Educación las propuestas realizadas desde la comunidad autónoma. Una de ellas concierne a las medidas de seguridad que regirán en los centros de enseñanza, que habrán de establecerlas las respectivas consejerías de Salud. Con tal fin, el grupo creado por expertos de este departamento y el de Educación llevan ya varias semanas trabajando.

Otra de las medidas que ha recibido el visto bueno del ministerio que preside Isabel Celaá es la referida a la evaluación inicial que se le realizará a los alumnos cuando regresen a la enseñanza presencial en septiembre. El objetivo es conocer el grado de aprendizaje adquirido durante este tercer trimestre -que se ha desarrollado de forma telemática por el estado de alarma- y a partir de ahí programar el arranque de curso. Una labor en la que resultará esencial el personal de apoyo.

Ninguna mención sobre las ratios

Pese a la polémica generada estas semanas por la intención de Celaá de que la ratio en las aulas no superen el próximo curso los 20 alumnos por aula, fuentes consultadas por este periódico han detallado que en la conferencia sectorial "no se ha mencionado en ningún momento este límite". "El Ministerio de Educación ha mostrado una actitud muy receptiva sobre las propuestas enviadas por las autonomías", refieren estas fuentes, que explican que "el equipo de Celaá ha retrocedido en sus pretensiones al comprobar que dicha reducción resulta imposible por costosa y por la falta de instalaciones para el desdoble de grupos". No obstante, desde la Junta se insiste en que en aquellos centros donde haya aulas vacías por la bajada de la natalidad sí se realizará este desdoble y se bajará la ratio a esa cifra.

Por otro lado, mañana viernes es el último día para que los sindicatos envíen sus propuestas de cara al próximo curso, que servirán para la redacción definitiva de las instrucciones que llegarán a los centros a partir del lunes. En ellas, como ya adelantó Imbroda, se pide a los equipos directivos que contemplen dos escenarios: uno con clases presenciales con total normalidad y manteniendo medidas de higiene; y otro con la experiencia acumulada los últimos meses con la enseñanza telemática para activarlo en caso de que se produjera un rebrote de coronavirus.

En estas indicaciones también se recuerda que los docentes tendrán que volver a los colegios e institutos la última semana de junio (a partir del lunes 22), una vez que haya concluido el periodo lectivo. Se dedicarán a coordinar la vuelta a clase en septiembre.